Navarra, fue la primera Comunidad Autónoma donde se ha autorizado el consumo de cannabis compartido. La ley, que se aprobó a finales de 2014 con el voto en contra de UPN y PP, ha tenido una vida corta. El Consejo de Ministros solicitó este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con invocación al artículo correspondiente de la Constitución para que se produzca la suspensión automática de la ley.
La ley foral proviene de una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de esa Comunidad, y fue aprobada con los votos a favor de Socialistas de Navarra, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos.
La norma establece que los colectivos de consumidores de cannabis tienen que ser asociaciones sin ánimo de lucro y deben inscribirse en el registro correspondiente de asociaciones del Gobierno foral de Navarra. Los socios fundadores deben tener cumplir un requisito: que consumieran marihuana de forma habitual antes de empezar la actividad en su club de cannabis.
La ley foral regula no solo el consumo de cannabis compartido, sino también el abastecimiento para consumo propio, dentro de clubes colectivos privados de usuarios de cannabis.
El Gobierno de la Nación considera que la regulación navarra invade las competencias estatales sobre legislación penal, seguridad pública, bases de la Sanidad y legislación de productos farmacéuticos, reconocidas por el artículo 149.1 de la Constitución Española, al regular el consumo de cannabis más allá de los límites admitidos por la legislación estatal.
El Ejecutivo considera en su recurso que la ley foral regula las condiciones para ser integrante de los clubes y el suministro de cannabis a los mismos, «en contra de los criterios admisibles para que el consumo de esta sustancia no sea castigado penalmente».
«La propia existencia de estos clubes permanentes se aleja de la excepcionalidad penal del consumo compartido que establece la Jurisprudencia, que requiere un consumo esporádico, de pocas personas, íntimo, sin trascendencia y de cantidad insignificante», sostiene el Gobierno de la Nación.
En su recurso, el Ejecutivo argumenta que la regulación navarra tampoco respeta las condiciones que para la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes se contienen en la legislación estatal reguladora de estas sustancias.
info: ABC