Las asociaciones de consumidores, quieren reunirse con el Gobierno para regular el autoabastecimiento y transporte y evitar así el mercado negro.
La aprobación de la ley que regula los clubes de consumo de cannabis en Navarra, que entró en vigor a finales de diciembre del año pasado, las asociaciones de consumidores de esta sustancia se enfrentan a un nuevo reto en la Comunidad Foral: desarrollar la normativa junto a las instituciones públicas para legalizar el autoabastecimiento y no tener que recurrir al mercado negro.
Es el objetivo de la RCN-NOK, la Representación Cannábica de Navarra, que ya ha solicitado una reunión al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior para trabajar en el desarrollo de la actual ley, aunque no ha recibido todavía una respuesta. De hecho, el Ministerio de Interior remitió en diciembre un informe al Gobierno foral en el que le advertía de que esta regulación “vulnera competencias exclusivas del Estado en materia penal, en materia de seguridad pública y en materia de protección de la salud pública”, y no se descarta que el Gobierno central pueda recurrir al Tribunal Constitucional dicha ley, como ya ha ocurrido en varias ocasiones anteriores.
“Es un paso adelante para las asociaciones y los clubes cannábicos pero queremos seguir trabajando junto a todos los partidos para seguir desarrollando la ley. Aunque suene cómico, para nosotros supone poder dormir tranquilos porque tenemos ya una base jurídica que respalda nuestra actividad, algo que nos da tranquilidad sobre todo por el estigma moral que existe a veces con el cannabis. No las tenemos todas con nosotros porque si el Gobierno la recurre tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida, pero ya es un paso que se empiece a hablar de esto, que esté en las agendas políticas y en la actualidad”, expone Ramón Morcillo, secretario general de la RCN. Y es que, ahora, por primera vez estos clubes y asociaciones dejan de estar “en el limbo legal”. “Era una ley necesaria, porque no estábamos cometiendo un delito pero tampoco teníamos reconocido el derecho a hacer lo que estábamos haciendo. Estábamos en la completa alegalidad”, añade.
Con la entrada en vigor de e
sta normativa, que se publicó el 15 de diciembre en el Boletín Oficial de Navarra y el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, se exige a los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis que sus socios sean mayores de edad, que consuman previamente esta sustancia, que estas organizaciones sean sin ánimo de lucro, funcionen de modo asambleario y fomenten el consumo responsable a través de cursos de prevención de riesgos y reducción de daños por su consumo, entre otros. “No hemos inventado nada. Hemos escuchado a los profesionales de la ley y trasladado lo que ellos pedían a la normativa. No hemos incluido nada sobre cultivo o transporte, porque entra dentro de las competencias del Estado”, señala Morcillo, que destaca además que la ley incluye la creación de un órgano de colaboración entre los partidos y los agentes implicados. “Esperamos que por fin nos reciba el Gobierno porque esto es un tema de toda la sociedad. No creemos que se lo tenga que apropiar ningún grupo o sector porque es algo social y si tenemos que ir a defenderlo a Madrid, estamos dispuestos a ir a Madrid”, apunta el secretario de la RCN.
Según explica, es necesario que esta ley, pionera en el Estado y una de las primeras también a nivel europeo, se desarrolle para evitar el mercado negro, ya que no tiene sentido que se permita el consumo pero el cultivo y transporte tengan que hacerse “en la clandestinidad”, con los riesgos que conlleva para los socios (posibles multas e incautaciones) y los elevados costes económicos que supone. “Lo que se trata es de inculcar a las personas que ya son consumidoras un consumo más responsable, en cantidades más bajas y con un cannabis más controlado, libre de plagas, de pesticidas… Un método más orgánico y controlado para evitar también la distribución indiscriminada, que eso sería ilegal”, indica Morcillo. Como ejemplo, el secretario de la RCN cita que anualmente estas asociaciones gastan más de 300.000 euros en comprar marihuana o hachís para sus socios en el mercado negro. “Con ese dinero habrá gente que se esté comprando chalés. Nosotros queremos trabajar por una regulación y una transparencia, y hay quien prefiere que todo se haga en el mercado negro, con oscurantismo y prohibiciones”, insiste.
Pero no hay tiempo para el desánimo. “Ahora mismo al Ministerio Fiscal y a Interior no les gustan los clubes de cannabis. Esperamos que con este gobierno podamos desarrollar la ley, pero si no se puede ahora, esperaremos a después de las elecciones. El gobierno quizá cambie, pero nosotros no vamos a cambiar”, concluye Morcillo.