Los Estados de la Comisión de Estupefacientes de la ONU han consensuado hoy un documento «de mínimos» para el periodo especial de sesiones de la Asamblea General sobre narcóticos, que se celebra en abril, y que no ha terminado de satisfacer por completo a nadie.

Este documento será adoptado, salvo sorpresa, por la Asamblea General en las sesiones que se celebrarán del 19 al 21 de abril y que son las primeras en más de dos décadas dedicadas de forma monográfica al problemas de las drogas.

El documento se aprobó esta madrugada tras maratonianas negociaciones en la clausura de la Comisión de Estupefacientes, formada por 53 Estados, y que desde el día 14 de marzo se reunió en Viena para preparar la importante cita de Nueva York.

Varias fuentes diplomáticas implicadas en la negociación explicaron que la elaboración del documento fue por consenso y que el bloqueo de algunos países, como Egipto, Rusia o China, a ciertos aspectos sobre tratamiento y lucha contra las drogas evitó que se incluyeran en el texto.

Dado este sistema de negociación del contenido del texto, el bloqueo de un solo Estado vetó la introducción de nuevos aspectos en el documento, algo criticado por varios diplomáticos.

«El consenso se ha hecho a la baja, es un documento de mínimos», señaló una fuente.

Así las cosas, el resultado no satisface ni a los países que abogan por una política de «mano dura» frente al problemas de las drogas ni a aquellos, entre ellos numerosos latinoamericanos, que solicitaban nuevos enfoques.

Aun así, las fuentes coinciden en que el documento supone un avance respecto al pasado porque incluye más referencias al respeto de los derechos humanos, a tratar el problema de las drogas como un asunto de salud pública y a tener en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, de 14 páginas, reafirma la vigencia de las convenciones internacionales sobre drogas y el objetivo de una Declaración Política de 2009 de «eliminar o reducir de manera significativa» el cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y cannabis para 2019.

El consenso era difícil dada la enorme distancia entre las políticas existentes: en algunos Estados se aplica la pena de muerte por la tenencia de drogas, como el cannabis, que en otras naciones se pueden adquirir legalmente para fines médicos o incluso recreativos.

Más de 200 ONG ya habían criticado la pasada semana que el documento no se basaba en el debate abierto que había solicitado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Ban demandó «un debate abierto y de gran envergadura, que considere todas las opciones disponibles», lo que a su juicio no ha sucedido.

Las ONG también lamentaron que no se mencionara en el texto «las devastadoras consecuencias» de la actual estrategia, cuando las drogas ahora «están más disponibles y son más baratas que nunca».

La actual política antidrogas ha llevado, sostienen estas organizaciones, a abusos de los derechos humanos, estigmatizar a los drogodependientes y a una oleada de violencia, corrupción y asesinatos relacionados con el narcotráfico.

«El documento refleja la percibida necesidad de llegar a un consenso y por lo tanto refleja el denominador común más bajo«, explica Coletta Youngers, analista del laboratorio de ideas Washington Office on Latin America (WOLA).

«Hay avances modestos en el lenguaje sobre derechos humanos y sobre género, pero en general los gobiernos han fracasado en el objetivo de tener un debate abierto, transparente y discutir nuevos enfoques», concluye.

Info: EFE

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