La asamblea general extraordinaria de la Asociación La Mesa de Barcelona ha acordado por unanimidad interponer recurso contra la Sentencia de la sección X de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a nuestro presidente y secretario a tres y 2 años por delitos contra la salud pública y asociación ilícita respectivamente.

Denunciamos la vulneración del más elemental derecho fundamental a la defensa y a un proceso con todas las garantías que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen, pues la asociación no fue formalmente acusada, ni fue parte en el juicio ni tampoco pudo proponer ni participar en la prueba.

También desmentimos que el Club Social no exista, que la entidad esté constituida únicamente por el presidente y el secretario como mera tapadera sin actividad real alguna –como afirma la sentencia-.

Por el contrario, somos una asociación legalmente constituida, gozamos de licencia municipal de actividades. No somos tapadera de nada, pues precisamente en el cultivo intervenido se hallaba la documentación de la asociación con los nombres y datos personales de la junta directiva para plasmar la realidad, no para ocultarla.

La Asociación La Mesa Barcelona está formada por personas adultas, responsables, libremente asociadas, consumidoras de cannabis por motivos lúdicos y/o terapéuticos que trabajamos por una política de drogas y de cannabis justa, basada en el respeto a los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y pensamiento, al libre desarrollo de la personalidad y a la disposición sobre el propio cuerpo, así como el derecho fundamental a la asociación.

Nos resulta inaceptable la pretendida vigencia de la Ley 17/67 de estupefacientes, norma preconstitucional que choca de pleno con los derechos fundamentales a la libertad y a la salud, y con la presente realidad social, que hace tiempo ha superado dogmas caducos que inspiraron dicha ley y el régimen que la refrendó.

Estamos convencidos de que la sociedad está interesada en adoptar un marco legislativo realista y actual, alejado de estigmas, dogmas, perfeccionismos, hipocresía e ignorancia. Por ello hemos participado activamente en la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda de regulación de las asociaciones de consumidores de cannabis, aportando más de 1.000 firmas que demuestran la efectiva actividad y compromiso social de la entidad.

Es evidente que los hechos declarados probados en la sentencia son absolutamente falsos, fruto de un proceso irregular. También entendemos desacertada la actuación de la Fiscalía, pues para conseguir la condena a la disolución de la asociación se ha apartado de la realidad material y procesal, y ha ignorado los criterios establecidos en su propia circular 1/2011 relativa a responsabilidad penal de las personas jurídicas, acreditando el contenido político de su actuación respecto a los Clubs Sociales de Cannabis.

La Asamblea General Extraordinaria ha decidido contratar a un equipo jurídico para que  defienda sus legítimos intereses ante el Tribunal Supremo, y ha designado como portavoz a su representante legal Oriol Casals Madrid.

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