Según noticias aparecidas en la prensa, el Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers de Bilbao en relación al cultivo y consumo compartido de cannabis, estableciendo que los clubes de cannabis son ilegales por su actividad de cultivo y fomento del consumo de droga. Si el sentido y la dirección que apuntan las noticias se confirma, la política del Gobierno seguirá condenando a las personas consumidoras a un consumo clandestino a merced del trafico ilícito.

Tanto la dirección política del Gobierno central como las órdenes que da desde todos los poderes siguen fortaleciendo el narcotráfico, la represión, la estigmatización social y el recorte de los derechos más básicos acompañándolo de un gasto inmenso y a la vez inútil en la lucha contra el mercado ilícito. Frente a este modelo ineficaz, tanto el movimiento cannábico como otros movimientos sociales planteamos un cambio de marco, poniendo a las personas por delante de modelos policiales creados hace un siglo.

Es un clamor internacional  la inseguridad jurídica en la que vivimos todos los estamentos de la sociedad, especialmente las personas consumidoras, las personas que autocultivan, las personas que colectivamente se abastecen, las personas que utilizamos el cannabis como paliativo llevamos años clamando por que se nos oiga y se de respuesta a nuestras necesidades. Una respuesta que ya no puede diseñarse entre incoherencias entre tribunales, necesitamos una respuesta política a nuestra realidad social. Seguir defendiendo un modelo basado solo en criterios morales que no se corresponden para nada a las evidencias empíricas está generando unos costes económicos, humanos y sociales que ya no queremos pagar.

La Plataforma Regulación Responsable aglutina a más de medio centenar de colectivos que trabajan para establecer una regulación integral que que acabe con un siglo de sin sentido prohibicionista. Además, es un espacio abierto a todas esas organizaciones que quieran impulsar dicha reforma legislativa que nos permita cambiar el paradigma de las políticas de drogas centrándolas en los derechos de todas las personas, la educación y la salud pública. Desde RR apostamos por una regulación integral del cannabis. El prohibicionismo se nos muestra sin máscaras, si tu sociedad no es la suya, súmate y lideremos entre todas y todos el cambio.

Apostamos por políticas públicas que se diseñen buscando el interés del bien común, del desarrollo humano, garantizando la igualdad de oportunidades y estando fundamentadas en evidencias. Las personas consumidoras no queremos recurrir al mercado ilícito, no queremos seguir pagando costes policiales y penales, queremos una regulación integral que permita la convivencia desde el respeto, el diálogo y la construcción social colectiva.