La plataforma Regulación Responsable insta al Gobierno central a que afronte el cambio

Durante tres días -11,12 y 13 de septiembre- Irun se convierte en la capital del cannabis. La feria Expogrow’ reúne a expertos y defensores de una regulación que permita un consumo legal y responsable de la marihuana. Gemma Lago, coordinadora de  la Federación de Asociaciones Cannabicas de Cataluña, se ha desplazado hasta la ciudad guipuzcoana para participar como ponente y defender “un cambio legislativo necesario para dotar un poco de coherencia las regulaciones territoriales”.

Su Federación pertenece, junto a otras 4 organizaciones, incluida la Federación Vasca de Cannabis, a la plataforma Regulación Responsable, que trabaja por que sea el Gobierno central el que encabece la regulación del consumo de esta sustancia de manera que se establezca “entre todos esos mecanismos de control , de reducción de riesgos, de detección de daños y de acompañamiento al consumo, pero reconociendo la realidad y teniendo la oportunidad de hacerlo mucho mejor que con otras sustancias igual o más peligrosas como el tabaco o como el alcohol”.

La plataforma ‘Regulación Responsable’ agrupa diferentes federaciones cannábicas para poner en común la defensa del consumo regulado de marihuana ¿por qué era necesaria esta unión?

Vamos haciendo una suma de presiones. Es decir, nosotros en Cataluña ya hace mucho tiempo que estamos trabajando como en el País Vasco, para conseguir una regulación para nuestro territorio. Por lo menos al haber encontrado unos Gobiernos más favorables y dialogantes que el Gobierno central, donde para hacer ese cambio y esa regulación cannabica ya estás hablando de un cambio legislativo que es mucho más complejo. Por lo tanto requiere de estos juegos de presiones que a veces necesitan de maniobras locales para luego poder hacer el cambio más global.

¿Y cómo funciona?

La plataforma ‘Regulación Responsable’, es una plataforma de unión y de consenso entre todas estas pequeñas luchas más locales o más territoriales, no solo desde el ámbito de la asociación cannabica, que sería mi caso, sino también desde otros actores como pueden ser entidades de reducción de riesgos, científicos o juristas. La plataforma es el espacio donde todos nos encontramos para poder crear la campaña de incidencia política para en la próxima legislatura conseguir ese cambio legislativo necesario para dotar un poco de coherencia a las regulaciones territoriales que podamos conseguir, porque si no al final Calatuña tiene un techo, al igual que el País Vasco, al que se llega cuando las competencias ya no son de nuestro ámbito. Tenemos que dar un poco el salto más allá.

En los últimos meses ha habido diferentes sentencias, en Bilbao por ejemplo, que absolvían a los responsables de clubes de cannabis, ¿se están dando pasos hacia la regularización?

La jurisprudencia que se ha ido asentando ha sido muy favorable a la persona usuaria y al club cannabico como modelo de abastecimiento social en grupo. Pero claro, esto nunca te da una seguridad jurídica absoluta, porque al final depende de lo que pueda decir el juez. Porque aunque la jurisprudencia es favorable, lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos años, es que los poderes están muy poco divididos y el Gobierno del Partido Popular ha fomentado que la Fiscalía ordene instrucciones muy restrictivas contra nosotros, que el Plan Nacional de Drogas también, y se ha sacado de la manga la Ley de Seguridad Ciudadana que es lo menos democrático que puedas imaginarte… y todo va en contra de la jurisprudencia favorable que haya podido salir.

Además el hecho de que todos estemos a merced de la voluntad final de un juez tiene unos costes sociales para la comunidad en general que ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido, y menos en los tiempos de crisis en los que estamos. Es decir que tengas que destinar que la Policía invierta recursos en detener personas, que al cabo de cinco años de pagar abogados y demás, terminarán siendo absueltas, es absolutamente incoherente.

¿Qué proponen?

Tiene mucho más sentido apostar por una regulación que no niegue ni cierre los ojos a la realidad de la calle, existe un  consumo de cannabis, existen personas que van a seguir consumiendo, y existen personas a las que por problemas de salud, el cannabis les ayuda como paliativo. No neguemos eso y hagamos una regulación que permita garantizar que la asociación funciona sin ánimo de lucro, funciona bajo principios de democracia, la sustancia que se está distribuyendo tiene controles de calidad y se controla desde la semilla hasta su distribución… Es decir, vamos a establecer entre todos esos mecanismos de control, de reducción de riesgos, de detección de daños y de acompañamiento al consumo, pero reconociendo la realidad y teniendo la oportunidad de hacerlo mucho mejor que con otras sustancias igual o más peligrosas como el tabaco o como el alcohol.

En ese sentido ponen el foco sobre el efecto de “las políticas prohibicionistas” ¿a qué se refieren?

No lo decimos nosotros, se ha demostrado a nivel internacional con muchísimos estudios, que las políticas prohibicionistas, han generado muchos problemas que la propia prohibición. Y nos podemos ir lejos, o nos podemos quedar en casa. Pero si nos vamos lejos, el hecho de estar aceptando un mercado que no está regulado quiere decir que estás fomentando también todos los conflictos que tienes en los países de Sur por culpa del tráfico de droga. Para ir más cerca, cuando aquí cortas plantas, antes de preguntar de quiénes son, y empiezas ese proceso judicial que igual tarda cinco años, estás obligando a que estas personas usuarias recurran al mercado ilícito, con lo que la propia Administración está escogiendo un mercado ilícito en la calle, sin control, con mucho más implicación con el crimen y con otras sustancias.

En Cataluña han puesto en marcha una recogida de firmas para la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regule el consumo de cannabis ¿cómo es la ley que proponen?

Consciente, restrictiva y con muchos controles. Como te decía tanto la asociación como el cultivador pasarían controles de calidad, de seguimiento, tendría que coincidir la demanda con lo que tú produces, no se perdería de vista ni una semilla. Sabemos de lo que estamos hablando y por lo tanto, creemos que a la hora de regularlo, justamente para poder quitar de los miedos a la opinión pública, tenemos que hacer una regulación por lo menos que demuestre que realmente funcionamos como tenemos que funcionar. Y como te decía, la función de la asociación cannabica es abastecer a una comunidad de personas usuarias, no tiene la meta de conseguir más consumidores, al contrario, se considera ella misma un agente de reducción de riesgos. Nosotros apostamos por que las asociaciones tengan como obligación la aplicación de programas de reducción de riesgos que evite problemas derivados del consumo de esta sustancia o de otras, y ser un punto de apoyo con profesionales para esas personas que en un momento dado o su consumo de descontrola, o quieren disminuirlo, o quieren terminar con él, pues también sea la propia asociación la pueda tener esas herramientas para hacer un acompañamiento real al consumo.

También defienden el uso terapéutico de la marihuna, y que sea un uso regulado y público ¿no?

Sí, es que además aquí entras en un tema súper sensible. Dentro de la regulación, obviamente el pilar terapéutico es un pilar sensible y es un pliar al que se tiene que dar salida porque estamos hablando de personas con problemas de salud y que tienen que encontrar lo que les ayuda de una manera normalizada, pudiendo hablarlo con el doctor, mirando la interacción con sus medicamentos, mirando con un especialista la manera en que pueden consumir y en qué formato pueden consumir y les puede venir mejor para su dolencia. Y todo eso lo tiene que regular el sistema público, porque no pueden estar a merced ni del mercado ilícito, sin seguridad, sin calidad y sin nada. Y tampoco de una asociación, porque al final está especializada en el consumo lúdico, no tiene por qué tener la proporción de la sustancia o el formato que ellos necesitan. Apostamos por que se siga investigando, y sea el propio Gobierno quien impulse estas investigaciones necesarias, pero sobre todo para que exista esta regulación específica en el caso terapéutico.

Fuente:El diario.es

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