Patrullas de la Ertzaintza han procedido a identificar durante las últimas semanas a socios de clubes de cannabis del territorio. Los cacheos a usuarios retenidos en las inmediaciones de los propios locales, con la consiguiente sanción administrativa, han sido constantes, bajo la acusación de “portar marihuana en vía pública”. Según ha podido saber, el Departamento de Seguridad ya ha enviado a la fiscalía el dossier con toda la información recabada, en la que figuran tanto las incautaciones como las identificaciones realizadas. Los usuarios ven en estas actuaciones un ejemplo más de “estigmatización y marginación” hacia el colectivo.

Pese a los intentos por regular la actividad en este sector, la ambigüedad jurídica que persiste en la actualidad da pie a situaciones como las que se viven estos días en Donostia, municipio que, a pesar de contar con una ordenanza aprobada el año pasado, es la Ertzaintza la que actúa a la hora de hacerla operativa. “Se están desoyendo las sentencias, y se están aplicando criterios restrictivos y moralistas que no creemos que sean la mejor opción”, censuran fuentes consultadas del gabinete jurídico de Eusfac, la Federación de Asociaciones de usuarios de cannabis del País Vasco.

Esta organización sin ánimo de lucro aglutina tan solo en Donostia a más de 8.000 socios. Hace una década apenas operaban cuatro o cinco asociaciones en la capital, cuando en la actualidad son ya una treintena. El crecimiento de usuarios, y el consiguiente incremento del volumen de clubes, ha traído consigo una mayor fiscalización de la actividad. La federación entiende que están pagando justos por pecadores. “El primer punto que plantea la ordenanza es que los clubes deben guiarse por un código de buenas prácticas. Estamos plenamente de acuerdo. Entendemos que quien no cumple ese criterio de buenas prácticas, desde luego que hay que intervenirlo, pero hay que separar el grano de la paja, y todo ello se podrá hacer de una manera mucho menos represiva”.

Fuentes policiales consultadas por este periódico explican que los registros llevados a cabo durante las últimas semanas se amparan en la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo permite el consumo inmediato. “Hemos recibido instrucciones para evitar que se saquen cantidades de marihuana y se vendan fuera de los locales”, detalla uno de los agentes que ha intervenido en el operativo.

Consumo inmediato

El quid de la cuestión pasa por saber qué se entiende por consumo inmediato. Hay directrices al respecto que hablan de “pequeñas cantidades” consumidas en el plazo de cuatro o cinco días, si bien las asociaciones no parecen estar en condiciones de garantizar que todos los socios hagan un consumo inmediato.

La jurisprudencia basada en sentencias judiciales determina que no es delito el cultivo para el autoconsumo. Aunque son frecuentes las detenciones efectuadas tras la aprehensión de pequeñas plantaciones domésticas de marihuana, la mayoría acaban con el archivo de las diligencias por parte de los jueces o con sentencias absolutorias tras la celebración del juicio.

Las asociaciones no venden cannabis. Tienen actividades de autocultivo compartido por el cual los socios van abasteciéndose en función de lo que consumen. No puede haber una venta, porque ello implicaría un ánimo de lucro que de ningún modo está permitido. Pero las asociaciones no pueden controlar que el socio consuma todo en el local. En algunos casos, de hecho, no se ha tenido en cuenta siquiera la edad de los usuarios. Así, según ha podido saber este periódico, se tiene constancia de que al menos en dos clubes en Donostia se ha detectado la presencia de menores.

Donostia cuenta desde el año pasado con una ordenanza pionera en el Estado que regula la ubicación y el funcionamiento de la treintena de clubes sociales que existen en la ciudad. La norma, entre otras cuestiones, restringe la apertura de estos centros cerca de los colegios, y prohíbe la entrada a menores de 18 años. La ordenanza se aprobó el año pasado, aunque ha sido recurrida por la Delegación del Gobierno al entender que “invade competencias estatales tanto en materia de seguridad ciudadana como de coordinación de la Sanidad”. En ese sentido, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Ley de adicciones Persiste así la ambigüedad jurídica, a la espera de una normativa que delimite y reglamente con claridad los consumos en el País Vasco. Un objetivo, el que marca la Ley vasca de Adicciones, que ha precisado de tres años de ponencias parlamentarias para llegar a unas conclusiones favorables. Pero no todo esta hecho. La propuesta de incluir los clubes sociales en la futura ley se está topando con fuertes presiones del Partido Popular en Madrid.

Se antoja así un proceso complejo que va a requerir de tiempo y “sensibilidad social”, algo que Eusfac demanda estos días a la Ertzaintza, con quien comparte mesa en el Consejo Asesor de Drogodependencias, además de otras comisiones técnicas. La federación de usuarios mantiene una fluida comunicación con la Policía autonómica, que entiende que “está recibiendo presiones de la Fiscalía para aplicar medidas restrictivas, sin importarles si eso conculca derechos”.

“Se está haciendo desobediencia a las sentencias, como ha ocurrido con la Asociación Lurretik. Hubo un fallo favorable, pero le volvieron a intervenir a la semana siguiente. Han tenido ya dos absoluciones y les han vuelto a imputar. Se están aplicando criterios restrictivos y moralistas. No creemos que ir por ahí sea la mejor opción”.

Eusfac recuerda que el propio Ararteko ha emitido un informe en relación a los criterios que aplican los agentes en los clubes sociales de cannabis, en el que recomienda revisar y cambiar algunas directrices, porque “se podrían estar vulnerando derechos fundamentales”.

Info: Noticias de Gipuzkoa

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