En Estados Unidos la guerra de la marihuana comenzó hace más de 40 años, cuando el Presidente Richard Nixon la declaró formalmente en 1971. En esa ocasión, Nixon urgió al Congreso a aprobar la Ley de Sustancias Controladas. Desde entonces, y por legislación federal, la marihuana se ubica en la Clasificación I, junto a estupefacientes más nocivos como la heroína y el LSD.
Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para que los estados de Colorado y Washington aprobaran una ley que ha permitido por primera vez el consumo de marihuana con fines recreacionales. A inicios de 2014 cientos de personas hicieron fila afuera de los recién estrenados “coffee shops” en el estado de Colorado, donde los mayores de 21 años podían comprar cannabis de forma legal. Muchos salieron victoriosos de las tiendas, sosteniendo sus manos la boleta de la transacción y en la otra una pequeña bolsita con los 28 gramos que la ley permite adquirir por persona. Según una proyección del diario The Washington Post, para 2020 la marihuana podría representar un ingreso extra de más de US$ 800 millones, entre Colorado y Washington.
Campaña Ciudadana.
La nueva ley ha sido acompañada con una serie de medidas complementarias. Colorado acaba de inyectar US$ 5,7 millones en una campaña mediática enfocada en educar a los ciudadanos sobre el uso responsable de la sustancia. La iniciativa “Good To Know” busca revertir las alarmantes cifras de una encuesta citada por el diario USA Today, que muestra que sólo un 27% de los habitantes de Colorado sabe que es ilegal fumar marihuana en público, mientras que un 23% tiene conocimiento que debe ser mayor de 21 años para comprarla. La campaña tiene lugar justo cuando Colorado atraviesa su mayor desafió en esta materia desde que en 2012 aprobó por voto popular la Enmienda 64 que legalizaba la sustancia. El 18 de diciembre pasado, dos de sus estados vecinos unieron fuerzas y acusaron a Colorado ante la Corte Suprema de Estados Unidos con una demanda titulada: “Estados de Nebraska y Oklahoma versus Colorado”.
En la solicitud, redactada por el procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt,
junto a su homólogo de Nebraska, Jon Bruning, ambos estados pidieron a la Corte Suprema anular partes de las medidas aprobadas por Colorado en la Enmienda 64, argumentando que desde que entró en vigencia la legalización, en enero de 2014, “la marihuana fluye desde esta grieta (Colorado) hacia sus vecinos”, debilitando las prohibiciones a la marihuana que se mantienen en esos estados, “drenando sus recursos y poniendo un estrés en sus sistemas criminales de justicia”. ¿El argumento principal utilizado por las partes demandantes? Que estas acciones violan la estipulación de la Constitución que le otorga preferencia a las leyes federales por sobre las estatales.
Algunos policías en pueblos rurales en la frontera con Colorado han reclamado que desde que entró en vigencia la legalización, ha aumentado el flujo de cannabis que ingresa a sus pueblos. “Vemos un montón de marihuana llegar desde Colorado”, dijo a The New York Times el oficial Adam Hayward del condado de Deuel, Nebraska. “Esto se ha convertido en un problema para nosotros”, agregó.
Los críticos de la demanda, sin embargo, aseguran que de aprobase el veto a la ley, volverán los tiempos de los mercados negros. “Si Nebraska y Oklahoma vencen, pondrán de vuelta al mando a las organizaciones criminales”, dijo al Times Michael Elliot, director ejecutivo de la Marijuana Industry Group, un grupo de intercambio de cannabis establecido en Colorado.
Pero hay quienes advierten otros riesgos, incluso peores. “Si el gobierno federal puede obligar a Colorado a criminalizar la marihuana” lee una carta de legisladores de Oklahoma citada por The Huffington Post, “usando esos mismo argumentos, también podrían forzar a Oklahoma a criminalizar un amplio rango de bienes y actividades que son un emblema para los ciudadanos de Oklahoma a los que juramos servir”.
Un grupo de siete republicanos de Oklahoma dirigió el miércoles pasado una carta al procurador Pruitt, expresándole que abandone la iniciativa contra Colorado. “Entendemos sus preocupaciones del aumento de marihuana que aparentemente llega hasta nuestro estado desde Colorado”, dice la carta, pero advierte que este camino podría “debilitar todos esos esfuerzos para proteger los derechos de nuestro estado para gobernarse por sí solo”.
En esa misma línea, un editorial de The New York Times de julio pasado, sostiene que “consumir marihuana no es un derecho fundamental que debiese ser aprobado en los estados por el gobierno federal”, por lo que su aprobación es una decisión que “a los estados se les debiese permitir tomar basado en su cultura y valores, y no es sorpresivo que quienes lo hayan adoptado antes sean los estados liberales como Colorado y Washington”. Oregon y Alaska se acaban de unir a la legalización del uso recreacional de la marihuana con la aprobación de nuevas normativas en noviembre del año pasado. Los consumidores ahora sólo están a la espera que la medida entre en vigencia.
Info: La tercera