El “problema del cannabis” no es ni de lejos una de las principales prioridades sociales actuales pero sí que existe una masa social creciente que reivindica -desde hace décadas- una solución regulada. Por lo tanto, para Aitor Brion, asesor jurídico de la Federación Vasca de Asociaciones de Cannabis (Eusfac) “más pronto que tarde se deberá abordar de una manera clara” como se ha hecho en algunos Estados de EEUU “sin histerias ni debates tramposos”.
¿Cuáles serían a su juicio los beneficios que tendría una regulación sobre esta materia?
-Formalizar un proceso de regulación supondría dotar a estos grupos de un marco jurídico con derechos y obligaciones, al margen de reconocer una realidad social existente que no tiene por qué seguir en la semiclandestinidad. Muchas veces, la sociedad en su conjunto demuestra tener una conciencia más avanzada que el poder legislativo. Creemos que hoy por hoy el ciudadano de a pie, consumidor y no consumidor, prefiere que esta problemática se regule, aunque sea de manera restrictiva, a que se persiga, criminalice o estigmatice sin otorgar solución alguna a su futuro.
Sigue habiendo gente que no se cree eso de que ustedes quieran someterse al control de la administración pública. ¿Cómo convencerles?
-Que regulen y entonces se verá si este colectivo no quiere verse sometido al imperio de la Ley. Creemos que sin regulación ya se han dado muchos pasos en este ámbito y ante distintas administraciones de Euskadi. Ya nos gustaría ver colectivos similares al que representamos, que pese a estar en la semiclandestinidad tenga en su haber tantas licencias, abono de impuestos y tasas forales y municipales, al margen de procesos administrativos de constitución y registro escrupulosamente sujetos a los procedimientos legales en vigor. Ante el desconocimiento o la intoxicación informativa, es normal que algunas personas duden, pero nuestro consejo es que se informen fehacientemente antes de emitir opinión al respecto.
Durante su última comparecencia en la comisión del Parlamento Vasco aportaban una solución: las políticas de salud pública y el Plan de Adicciones ¿Creen que su propuesta será tenida en cuenta?
-En efecto, sabemos que nuestras propuestas ya han sido en gran medida tenidas en cuenta por la clase política en general, y en particular por quienes ostentan la tarea de gobierno, en este caso EAJ-PNV. Siempre hemos dicho en público y a ellos en privado que estamos contentos de cómo se ha llevado este proceso de debate desde el inicio. Para llegar a muchas de las conclusiones que recogen los artículos del borrador de Ley de Adicciones en lo que respecta al tema de los CSC, se ha hecho una gran labor de pedagogía y estudio de la causa en sede parlamentaria durante los últimos casi cuatro años (dos legislaturas distintas, con dos partidos diferentes en el poder), y en ese tiempo ha imperado un consenso como común denominador entre los grupos políticos, trasladando la idea, de realizar una aportación normativa en la medida de las posibilidades competenciales que tiene Euskadi en su Estatuto de Autonomía vigente.
Así que…
-A falta de la aprobación definitiva, que a buen seguro, y salvo sorpresa de última hora, culminará a finales del presente año, los políticos de la CAV, han cumplido con la palabra dada. No obstante, el colectivo asociativo no se muestra ingenuo y confiado, es conocedor de las dificultades legales que comporta realizar una apuesta normativa de este calibre e intuimos que la Ley de Adicciones tendrá dificultades frente al “filtro” del Gobierno central, máxime cuando los voceros autorizados llevan tiempo amenazando con el recurso al Tribunal Constitucional.
¿Creen que en el supuesto de que la CAV regulara finalmente los CSC, el Gobierno español se quedaría de manos cruzadas?
-El Gobierno del Partido Popular ha anunciado de manera oficial por boca del delegado para el Plan Nacional de Drogas, Sr. Francisco de Asís Babín, que su gobierno, mientras sigan siéndolo, “recurrirán cualquier tipo de norma que intente regular los CSC”, por lo tanto, nada parece indicar que su postura vaya a ser distinta en el caso de la aprobación por parte del Parlamento Vasco de la Ley de Adicciones… aunque todo puede variar en política, máxime cuando las elecciones generales, pueden coincidir en fechas con la aprobación definitiva de la Ley… Llegado el momento se verá, no falta mucho.
¿Dónde se establece la separación entre uso lúdico y el medicinal-terapéutico? ¿Cómo hacerlo?
-Esta cuestión es un debate abierto y a falta de fijar unos criterios estables, lo políticamente correcto es definir al consumidor como lúdico en general, aunque dentro de los posibles usos lúdicos, encontramos dos tipos: uno recreativo en estricto sentido del término y otro con orientación terapéutica-paliativa. La comunidad facultativa oficial, los médicos, no ven con buenos ojos que por parte de los CSC se utilice el término consumidor terapéutico.
¿Entonces?
-Al margen de la concreción del término, lo que está claro es que la demanda de socios que buscan la utilidad de la sustancia con orientación terapéutica o paliativa va en aumento, incluso con recomendación facultativa, por lo tanto es una realidad incuestionable que los CSC en sus bases sociales albergan a este tipo de socios a los que hay que darles una solución y seguridad. ¿Cómo se puede rechazar la entrada en una asociación de una persona que con el visto bueno de su facultativo necesita una dosis de cannabinoides para paliar los efectos que en el produce un tratamiento de quimioterapia? O ¿cómo se puede rechazar el ingreso de una señora de edad considerable, que necesita una tintura de cannabis para mitigar los efectos que en ella produce la artritis reumatoide?
¿Cómo?
-Son cuestiones a las que es difícil decir no, a pesar de que los CSC en ningún caso apuestan por sustituir los tratamientos facultativos medicamentosos por medicina tradicional. Se debe realizar un debate en profundidad a cerca de este tipo de cuestiones, que también forman parte de una regulación.
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