Se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República el Seminario “Regulación del cannabis en Uruguay: primeros monitoreos y evaluaciones” organizado por el Instituto Max Planck y el Observatorio Latinoamericano en Política Criminal y Reformas Penales (OLAP); apoyado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA); y auspiciado por la Open Society Foundation (OSF).
El Secretario General de la JND, Milton Romani, subrayó que en el país ya se desarrollan tareas de monitoreo e investigación desde el Comité Científico Asesor; a través de trabajos realizados por las Facultades de Química y Ciencias Sociales de UDELAR y con el Programa de Evaluación de la Universidad Católica entre otros.
El acto de inauguración del Seminario contó con la presencia del Decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte; el Secretario General de la JND, Milton Romani; la Asesora Técnica de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Stella Justo; el Director del Instituto Max Planck, Hans-Jörg Albrecht, y el Director de OLAP, Pablo Galain Palermo.
El Seminario que ofreció un “estado de situación” de la regulación del cannabis, a partir de la sanción de la Ley 19.172 del 10 de diciembre de 2013 hasta la fecha, contó con un vasto público entre representantes nacionales, integrantes de organizaciones civiles y técnicos de diversas áreas abocadas a la temática, entre otros.
En la oportunidad, el Secretario General de la JND, Milton Romani, explicó que se trata de una acción combinada por la Facultad de Derecho, el OLAP (Observatorio Latinoamericano para la Investigación en Política Criminal y en las Reformas en el Derecho Penal) y el Instituto Max Planck.
Explicó que el Max Planck, que cuenta con unos 83 institutos dentro de su plan de investigación, está interesado en el modelo de regulación de cannabis en Uruguay ya que se trata de una experiencia única, a la vez que tiene la intención de colaborar con las tareas de monitoreo y evaluación.
Agregó que desde la Junta existe un firme interés en acompañar el proceso de instrumentación con la correspondiente evaluación, explicó que una red de más de 120 expertos internacionales se encuentra en consulta permanente y que existe una total apertura a todos quienes quieran evaluar esta experiencia, dijo.
Afirmó que hoy por hoy el interés de los especialistas en derecho penal está enfocado en que el problema de las drogas se regule desde otro lugar que no sea única y exclusivamente a través de la aplicación de esa normativa. Para Romani, se trata de “una postura errónea del sistema internacional prohibicionista y su apuesta prácticamente total a la regulación que hace la ley penal y esto tiene distorsiones y perversiones brutales, que se ha conocido en la región y en el mundo como ‘guerra a las drogas’”. En este sentido explicitó que según el sistema penal de la mayoría de los países un gran número de consumidores de sustancias van presos.
En relación a los formatos que ya están operativos para el cultivo y consumo de cannabis, señaló que el sistema ha mostrado una adhesión por parte de los usuarios de las modalidades de autocultivo y clubes de membresía. Añadió que en Uruguay unos 160.000 consumidores han adherido al sistema, lo que le confiere el sentido a su funcionamiento.
Las cifras del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, informan que los registrados como cultivadores suman 2.743 y que aparte de los siete ya habilitados o próximos a concluir su inscripción “muchos más clubes” están tramitando su personería jurídica, un paso previo para ser registrados oficialmente. Sin embargo, durante el simposio, se presentó una encuesta en la que se señala que el cultivo domiciliario o en clubes apenas cubre el 10% del consumo de la hierba en el país. El resto del mercado sigue siendo cubierto por el narcotráfico
Romani explicó que otro avance significativo radica en la reducción de daños que surge a partir de la distribución de un cannabis que posee los 52 agentes tóxicos menos que los que posee el prensado en Paraguay.
En tercer lugar, y a recomendación del Comité Científico Asesor, se debe ser sumamente cuidadoso en lo que respecta a la información y educación acerca de los daños del consumo de cannabis como otras sustancias ya que, “no estamos regulando el mercado porque el consumo no produzca daños, lo estamos regulando porque es la opción eficaz, eficiente, sanitaria y que se atiene a derechos humanos, lo que nos permite un control desde otro lugar”.
Explicó que todos los actores trabajan desde la denominada “línea de base” que es el punto de partida que posibilitará en dos o tres años evaluar si se han mejorado los niveles de violencia, el acceso a la red de salud de aquellos que poseen consumo problemático y si se ha producido una adhesión de las personas al sistema.
El Director del Instituto Max Planck, Hans-Jörg Albrecht, afirmó que en los últimos cincuenta años, los controles hacia el consumo de cannabis y otras sustancias sobre la base de “guerra hacia las drogas” no han dado resultados” y agregó que “ese extremo ya nadie lo discute”. Agregó que el debate es si se continuará en ese camino o si se cambiará la estrategia.
Albrecht afirmó que “no queremos incentivar a que las personas consuman drogas sino que queremos ver la mejor manera de reducir los costos de ese consumo en las sociedades”.
Indicó que las respuestas no deben basarse en argumentos legales sino que deben ser respuestas políticas. “Los puntos clave están dados por decisiones políticas que luego serán implementadas de forma de reducir las cargas que ocasione a la sociedad”, afirmó.
Info: InfoDrogas