El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado una serie de pruebas en el marco de una causa que mantiene abierta para decidir si anula las trabas del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a los clubes cannábicos, para no expedir más licencias de apertura de estos locales.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala contencioso-administrativa del TSJC ha acordado admitir las diligencias propuestas por dos asociaciones de apoyo a los clubes cannábicos, que plantearon ante el alto tribunal catalán una demanda para que se anulara el acuerdo municipal de junio de 2014 que suspendió nuevas las licencias para estos locales.
En su escrito, que se puede recurrir ante el mismo tribunal, se acuerda interrogar como testigo de la jefa del departamento de licencias e inspección del departamento de Urbanismo de Barcelona, al considerar pertinente la petición de las demandantes: la Asociación Gourmet Ganja y la Asociación BMC, representadas por el abogado Oriol Casals.
También acuerda el interrogatorio de un representante de la empresa de control ambiental EAC, receptor de las notificaciones del departamento de Urbanismo, ya que es la que realiza las inspecciones y certifican su adecuación, punto básico para que se concedan las licencias.
En su demanda, las entidades pro-cannabis solicitan al TSJC que declare la nulidad del acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona del 11 de junio de 2014, que decretó la suspensión de actos de comunicaciones previas de inicio de actividades para la instalación o ampliación de clubes cannábicos.
También solicitan que se suspenda la disposición del Ayuntamiento de Barcelona del 1 de agosto de 2014 que prohibió la instalación en la capital catalana de clubes sociales privados, centros de reuniones o clubes de fumadores de tabaco “relacionados con el cannabis”.
Después de que el TSJC admitiera a trámite la demanda, el Ayuntamiento de Barcelona remitió el pasado 15 de marzo al juzgado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide que se desestime el recurso de los clubes cannábicos y justifica su moratoria porque el crecimiento de estos locales está generando en la capital catalana una “gran alarma social, al margen de las innumerables molestias a los vecinos por ruidos, humos y olores”.
Según el informe municipal, en Barcelona existen actualmente unos 200 clubes de cannábicos, que el consistorio divide en dos grupos, a partir de estudios del área de Salud Pública: los que funcionan como cooperativas de consumo, asimilados a organizaciones sin ánimo de lucro, y los que están vinculados a empresarios de ocio nocturno, con ánimo de lucro.
En su escrito, el consistorio se remite a un informe de la Guardia Urbana de Barcelona, que pone de manifiesto que el incremento de clubes cannábicos ha provocado que por primera vez España y Cataluña hayan pasado a ser de “zonas receptoras a focos de producción” de marihuana.
“Se observa también -remarca el escrito municipal- que esta actividad en la mayoría de ocasiones no se ajusta estrictamente al consumo de cannabis entre sus asociados, sino que se perfilan como puntos de suministro por parte de traficantes que compran la sustancia y después la venden en la vía pública”.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona considera necesario un control por parte de las administraciones públicas tanto por la vía administrativa como por la penal para evitar “no sólo el impacto negativo en la salud pública, sino también los problemas de convivencia, las molestias y otras actividades marginales paralelas a su desarrollo”.
El consistorio advierte en su escrito de que el hecho de que este tipo de clubes puedan desarrollar su actividad “a través de una simple comunicación previa, implica que desde el momento de su presentación la actividad pueda desarrollarse libremente sin perjuicio de las facultades inspectoras que ostenta el Ayuntamiento de Barcelona”.
No obstante, reconoce que el derecho de asociación no es objeto de la intervención del Ayuntamiento de Barcelona, ya que “en ningún caso puede ser objeto de control ni la personalidad jurídica de la asociación ni la adaptación de la actividad a sus estatutos”.
Por su parte, las entidades demandantes denuncian que las trabas de Trias a los clubes suponen una “clara discriminación”, ya que cualquier asociación o entidad puede comunicar que inicia su actividad de club y sólo se deniega la licencia de forma “discrecional o arbitraria” a las entidades cannábicas.
Además, han advertido ante el TSJC que el Ayuntamiento ha impulsado modificaciones en el sistema informático del trámite de inscripción, prescindiendo “total y absolutamente de procedimiento alguno”, a instancias de la jefa de departamento de licencias e inspección del departamento de Urbanismo, y que además se han revocado licencias ‘a posteriori’.
En su auto, el TSJC también ha admitido a trámite una batería de preguntas planteadas por los clubes cannábicos para el interrogatorio de la responsable de licencias, en las que pretenden poner en evidencia irregularidades en el proceso de revocación de permisos, con modificaciones del catálogo de licencias sin exposición pública ni la aprobación por parte de los órganos correspondientes.
Info: ABC