Como no hay tráfico de cannabis, no puede considerarse que cultivarlo para los asociados y asociadas a un club de consumidores sea un delito contra la salud pública. Este es el razonamiento básico del titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Pamplona para absolver al presidente de un club de cannabis con sede en Irun, pero que realizaba sus plantaciones en el municipio navarro de Azpilicueta. Pese a que el acusado fue interceptado por la Policía Foral en septiembre de 2013 con 147 plantas de marihuana, plantadas en una borda para el consumo del club, el juez ha decidido absolverle. Se trata de la primera sentencia en Navarra de este estilo, según apuntan desde la Representación Cannábica de Navarra (RCN-NOK), que defiende el paso que supone esta medida (contra la que cabe recurso) en el debate sobre el consumo de cannabis en este tipo de clubes, regulados en Navarra a través de una Iniciativa Legislativa Popular, y en San Sebastián mediante una ordenanza municipal.
Este debate se produjo a finales de 2014 en el Parlamento foral después de que RCN reuniera más de 10.000 firmas y, así, convirtiera a Navarra en la primera comunidad en aprobar una ley para regular los clubes de cannabis. Ya antes, el Ayuntamiento de San Sebastián fue también pionero al hacer una normativa sobre este tipo de asociaciones, donde personas consumidoras de cannabis se registran para consumir hachís o marihuana en locales privados, pero que ha sido recurrida por el Gobierno central ante los tribunales. Sobre el caso navarro, el Estado aún no se ha pronunciado. No obstante, la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ya apuntó este pasado verano que este tipo de clubes provocan “un aumento del consumo problemático, especialmente entre adolescentes”.
Por el contrario, desde RCN denunciaron que, de forma paralela a este proceso, y de hecho el mismo día en que en el Parlamento navarro se debatía la Iniciativa Legislativa Popular, se inició una investigación contra la propia RCN y contra el club de consumo Le Club, ubicado en el municipio navarro de Ansoáin y del que forman parte integrantes de Representación Cannábica. Primero, la Guardia Civil inspeccionó la finca de Sangüesa en la que el club tenía su cultivo y, después, la Policía Foral detuvo a una persona que guardaba las plantas y al dueño de la finca. A ellos, además de al presidente de RCN, Fermín Les, se les imputa un delito contra la salud pública por la tenencia de 110 kilos (en seco) de marihuana.Desde RCN creen que sentencias como la ahora conocida sobre el caso de Azpilicueta pueden sentar un precedente que haga que estas nuevas acusaciones (Les ya ha afrontado causas similares) terminen con la misma sentencia. En el caso del juicio por la plantación del club de Irun (la Asociación de Usuarios de Cannabis del Txingundi, Cannabia), el juicio se produce contra precisamente el presidente de este colectivo, a quien la Policía Foral localizó en una borda con 147 plantas de marihuana, 95 esquejes, 13 lámparas para su cultivo y 635 euros. Se calcula que el valor de la sustancia podía rondar los 2.720 euros.
La Fiscalía pedía 15 años de prisión
La Fiscalía pedía para el acusado, por un delito contra la salud pública, 15 meses de prisión y una multa de unos 5.440 euros. Sin embargo, el juicio celebrado el pasado 6 de febrero en Pamplona ha terminado con su absolución, una decisión contra la que cabe recurso. En la sentencia, el magistrado se hace eco de la jurisprudencia (por ejemplo, del Tribunal Supremo) en torno al consumo compartido. La cuestión es que el juez no ve una finalidad de tráfico, ya que son las personas que cultivan estas plantas quienes finalmente las consumen, sin vender el producto a terceros.
La clave en torno al consumo de cannabis es que, en la actualidad, se puede hacer en un domicilio y espacios cerrados, pero no en la calle. Y tampoco se puede cultivar ni transportar. Sin embargo, esta sentencia, según ha apuntado la RCD a través de un comunicado, “refuerza los objetivos de la ley” impulsada en Navarra. Para Ramón Morcillo, uno de los portavoces de la RCD, esta decisión supone un reflejo de que la Justicia está yendo un paso por delante que la administración al reconocer este tipo de prácticas: “Los políticos siguen viviendo ajenos a la realidad”, lamenta.
Info: El Diario