El Estado español vive días de inquietud social. Cada vez más personas y colectivos advierten de la regresión democrática que parece querer imprimir el Partido Popular en diferentes frentes. El ante-proyecto de seguridad ciudadana, conocido ya popularmente 
como “Ley mordaza” es uno de ellos. En este texto nos proponemos acercar lo ocurrido el pasado mes de enero en Barcelona en materia de políticas de drogas en general, y en las consecuencias concretas derivadas de dicho ante-proyecto, en caso de que finalmente se apruebe, para las personas consumidoras de cannabis en particular.
El 14 de enero en la universidad (UPF) de Barcelona se organizó una mesa redonda titulada “Cannabis: ¿Criminalizar o Regular?” en la que tres personas expertas en la materia y unas 90 personas de público compartieron, a lo largo de dos horas, argumentos sobre el desafío que representa el ante-proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que aprobó el PP a finales de 2013. Pinchando aquí se puede leer el texto “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: Represión de las personas consumidoras de cannabis y otras drogas” que IPDS, como organizadores del evento, elaboramos para compartir y dar a conocer sucintamente lo que implica este ante-proyecto de ley con relación al cannabis y a los Clubes Sociales de Cannabis.
Los ponentes de la mesa redonda eran Gemma Calvet, abogada y diputada en el Parlament de Catalunya por ERC, Vendúla Belackova, economista de la República Checa y José Carlos Bouso, doctor en farmacología de ICEERS e IPDS.
Mesa Redonda en la UPF.
Vendúla explicó (vídeo) que es un sinsentido para un gobierno líder europeo en deuda pública hacer leyes coercitivas y con afán recaudarorio contra las personas consumidoras de cannabis pudiendo optar por una regulación de las actividades relacionadas con el cannabis. En la República Checa una ley parecida, con conceptos que pueden ser interpretados de una manera muy amplia por la policía, dieron pie al cierre de todos los smart-shops en 2011 y de todos los grow-shops en noviembre de 2013.
Por su parte, José C. Bouso (vídeo) desmontó uno por uno los argumentos que se utilizan para justificar un endurecimiento de las leyes sobre cannabis. Para ello, solo necesitó datos estadísticos extraídos de fuentes oficiales como son las del Plan Nacional Sobre Drogas. Las cifras oficiales no sustentan la idea del “potencial de abuso” del cannabis, es decir, no es cierto que haya una relación a lo largo de los años entre los inicios de consumo (que no han dejado de subir) y el consumo continuado (que se mantiene estable). Si los consumos suben pero no hay un mayor abuso por parte de la población implementar políticas punitivas no responde a la evidencia científica.
En último lugar, Gemma Calvet (vídeo en catalán) quién ya ha mostrado su rechazo a este ante-proyecto de ley en el mismo parlamento catalán (vídeo en catalán), expuso que los redactores del ante-proyecto denotan una nostalgia de tiempos pre-democráticos. El proyecto de ley vulnera el estatus jurídico del ciudadano, el concepto de derechos y libertades fundamentales y es propio de un estado totalitario y no democrático. Además, añadió que en el ante-proyecto no se persigue el cannabis, se persiguen colectivos, personas y fenómenos vinculados a la libertad de expresión o libertad de prensa.
El 19 de enero se celebró, en 12 ciudades de todo el Estado español, la onomástica de San Canuto, santo adoptado por los consumidores de cannabis para festejar y reivindicar los valores que rodean la marihuana. Un día en que fiesta y revuelta comparten significados. El día antes, en Barcelona, el Moviment Cannàbic Català organizó un evento de reflexión en el Hemp Museum. Ciencia, política y activismo.
José C. Bouso abrió la tarde con una charla sobre cannabis medicinal por medio de la cual acercó, a los más de 100 asistentes, los últimos avances en materia de estudios científicos internacionales.
El plato fuerte de la tarde fue la mesa redonda de políticos, que además contó con las aportaciones de Martín Barriuso. Un representante de cada partido político del arco parlamentario catalán (menos del partido socialista catalán, PSC) expuso su punto de vista y el de su partido sobre la situación actual de la potencial regulación de la actividad de los CSC de Cataluña en un interesante debate. En este sentido, todos los ponentes se mostraron a favor de una regulación, incluso sobre temas muy delicados a nivel de competencias entre diferentes administraciones como son el cultivo y el transporte de cannabis. El elemento más disonante de la tarde fue la representante del PP de Cataluña. La señora Eva García anunció una supuesta ponencia creada a partir de la iniciativa de su partido en el Congreso español para estudiar el fenómeno de los CSC. Supuesta porque, a día de hoy, nadie conoce absolutamente nada de ella. La Sra. García se comprometió públicamente a facilitar que Martín Barriuso pudiera ir al Congreso a explicar su situación (el PP de Madrid no le recibe pese a los dos años que él lleva pidiendo una reunión).
Mesa de políticos en el Hemp Muesum de Barcelona.
La segunda parte del debate fue sobre el ante-proyecto de ley de protección de la Seguridad Ciudadana. De nuevo, todos los representantes coincidieron en rechazar el ante-proyecto y la valoraron como pre-democrático, menos la representante del PP, quien dijo que “no se trata de una ley, es un proyecto y lo que pretende es intentar controlar, no de una forma restrictiva, sino mucho más… ejem… puede tener alguna restricción, no os voy a decir que no, pero no restricciones severas para ir contra nadie sino precisamente intentar que la banalización que hay sobre vuestra actividad (CSC) no sea lo que hasta ahora ha sido, ¿no?”.
Al día siguiente, tuvo lugar uno de los “Sant Canutos” más concurridos y bien organizados de los acaecidos en los últimos años en Barcelona (vídeo). Durante el acto se leyó un texto en recuerdo de Xavier Sánchez Pretel, amigo y compañero de la lucha por las libertades y por unas políticas de drogas más justas. Un año más, la lluvia apareció para cerrar el acto prematuramente.
Visto lo visto, se prepara un 2014 con más movilizaciones y revuelta ante la involución democrática del Estado español. En los últimos días hemos conocido un caso que, por su crudeza, ha vuelto a levantar la crítica. Quique y Lupe son una familia gallega que corre riesgo de embargo de su casa porque la Guardia Civil encontró una planta de cannabis en su huerto. Ya hay en marcha varias campañas de apoyo (firmas–donaciones).
noticia: http://15m-politicasdedrogas.pangea.org/?p=460