La actual tendencia hacia la regulación del mercado de cannabis se ve cada vez más como un modelo para proteger la salud y la seguridad de las personas y ha transformado el panorama de las políticas sobre drogas. Hoy muchos reconocen que el modelo prohibitivo no ha tenido impacto en la reducción del mercado y ha impuesto una carga sobre los sistemas de justicia penal, con repercusiones sociales y de salud pública profundamente negativas.
No obstante, la Unión Europea (UE) carece de competencias para embarcarse en una reforma de las políticas de cannabis, esto es algo que corresponde a los estados miembros. Pero como la legislación europea se basa en los tres tratados de fiscalización de drogas de la ONU, que restringen el cannabis exclusivamente a fines médicos y científicos, los estados están obligados a adoptar medidas para tipificar el cannabis recreativo como delito punible. Si bien la criminalización total del uso recreativo está exenta y las obligaciones están sujetas a las limitaciones constitucionales de un país, cuando se trata de cultivo, producción, distribución, importación y exportación, las opciones son limitadas. Por otro lado, los estados miembros de la UE han acordado cooperar y adoptar las medidas más apropiadas en contra del cultivo de cannabis para uso recreativo, como la obligación de prohibir estas actividades. Todo esto representa una camisa de fuerza jurídica y política difícil de conciliar con la demanda de las autoridades de ciudades y jurisdicciones europeas que quieren regular efectivamente la oferta de cannabis para uso recreativo.
Al igual que en Estados Unidos, en Europa coexisten distintas políticas en lo que respecta al uso personal y la posesión para uso personal, que van desde la descriminalización de jure en Portugal y la República Checa, a la prohibición total en Suecia, pasando por la vía intermedia de la descriminalización de facto en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Alemania y España. La cuestión es, por qué no se puede extender esta realidad a la regulación de las prácticas de cultivo. Si esto es posible en un estado federal como Estados Unidos, ¿por qué no en la UE?
Son cada vez más las autoridades locales y regionales, los grupos de presión no gubernamentales y los movimientos de base que abogan por el cambio. En toda Europa ya están en marcha muchas iniciativas como la de los clubes sociales de cannabis, un modelo originado en España que se ha extendido a Bélgica, Francia, Países Bajos, Italia y Reino Unido. Algunas autoridades locales de otros países están promoviendo diversos modelos de dispensario del tipo coffee shop, con un suministro regulado. En los Países Bajos, unos 56 municipios han adoptado un manifiesto para regular el cultivo y el abastecimiento de “la puerta de atrás” de los coffee shops. En otros países también han surgido iniciativas parecidas para la regulación del mercado de cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización. Para los países que ya han descriminalizado el cannabis, como Portugal y la República Checa, avanzar hacia los modelos de regulación solo requeriría dar un pequeño paso.
A menudo la legislación y las directrices sobre drogas nacionales o internacionales resultan ser instrumentos inadecuados para el desarrollo de enfoques pragmáticos en el ámbito local. Hay una clara discrepancia entre los convenios internacionales, su cumplimiento a nivel gubernamental y las soluciones locales. Las autoridades locales se ven enfrentadas a una serie de problemas que, en última instancia, son imposibles de solucionar sin algún tipo de cadena de suministro regulada y transparente. ¿Por qué entonces no intentar desarrollar estrategias locales de colaboración e intercambio entre ciudades y regiones?
La política europea de cannabis podría servir para aplicar lo que se conoce como “gobernanza multinivel”, un estilo emergente de gobernanza en la UE –sobre todo en relación con políticas sociales– en el que participan múltiples actores en varios niveles, y los detalles específicos de la gobernanza están descentralizados y se pueden diversificar bajo las directrices de la UE. En el marco de este modelo, las decisiones prácticas se toman en el ámbito local, promoviendo una mayor participación de la ciudadanía. Bajo un sistema de gobernanza multinivel se pueden desarrollar iniciativas a nivel local con poder, siguiendo una estructura de abajo arriba, en contraposición a las soluciones impuestas desde arriba y que no se ajustan a las necesidades locales y regionales.
Como sucedió con la reducción de daños, la presión para la reforma del cannabis que está surgiendo desde abajo llevará tarde o temprano a reformas legislativas en el ámbito nacional. El marco normativo de la UE –y en última instancia también las convenciones de la ONU– deberá ajustarse a la tendencia hacia la regulación jurídica.
Por Cáñamo
Texto: Tom Blickman