Cada vez son más los lugares que, con la finalidad de proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos, están cambiando sus políticas de drogas y comienzan a debatir sobre la legalización del cannabis. El prohibicionismo ha fallado, lleva años fallando, por eso Colorado, Washington, Alaska, Oregón o Uruguay han dado pasos significativos hacia una legalización que pone fin a los mercados criminales y aumenta la defensa del consumidor. Pero, ¿qué pasa en Europa? Aquí la situación no es tan alentadora, a pesar de que los grupos locales luchan (y mucho) por la soñada regulación.
“Mientras que las políticas cannábicas en América están despegando, Europa parece estar quedándose atrás“. es la conclusión a la que llega el último informe sobre cannabis en Europa (‘Cannabis policy reform in Europe‘) del Transnational Institute. Según el documento, esa lentitud del Viejo Continente para hacer políticas nuevas en materia cannábica está llevando, también, a que las autoridades locales y regionales de algunos países busquen por ellas mismas vías para alcanzar la regulación.
Sin embargo, la situación es complicada, ya que las políticas de los estados miembros de la Unión Europea dependen de los tratados de fiscalización de drogas de la ONU, que restringen el cannabis a ámbitos exclusivamente médicos y científicos. Sea como sea, la situación de los países europeos es tan variada como ellos mismos.
Países Bajos
Holanda siempre ha sido un ejemplo de aperturismo en materia cannábica, pero en los últimos años las cosas están cambiando y el país da pasos hacia atrás en su regulación. Mientras que comprar y poseer pequeñas cantidades de cannabis no es delito en Países Bajos, su cultivo y comercialización están muy restringidos, una contradicción que ha supuesto problemas para el modelo de ‘coffee shops’ holandés, pero que ha estado ahí desde el principio. Varios gobiernos desde 1995 han intentado revisar su legislación hasta llegar a considerar que el consumo y posesión de cannabis para uso personal no debe de ser tratado como un asunto penal.
Sin embargo, esta cuestión apenas ha sido atendida, e incluso la intención de reforma fue boicoteada en diversas ocasiones en el seno de la Unión Europea, lo que ha generado consecuencias negativas para
Holanda, que se han visto agravadas por los últimos gobiernos – conservadores – que se han opuesto totalmente a la reforma política en materia cannábica y que, incluso, han hecho retroceder al país en esta cuestión.
Dinamarca
Entre 1969 y 2004, la posesión de hasta diez gramos de cannabis para uso personal no era delito en Dinamarca. Las autoridades incluso hacían la vista gorda respecto a las ventas de marihuana a pequeña escala. Sin embargo, desde que un gobierno neoliberal llegó al poder en 2001, las políticas y leyes cannábicas se han endurecido, la posesión de cannabis se ha criminalizado y las multas se han multiplicado desde 2007.
La represión policial también ha aumentado siguiendo una política de “tolerancia cero”, lo que ha favorecido el surgimiento de nuevos actores en el mercado negro que ganan adeptos y apoyo financiero. Según los estudios, en 2004, cuando las medidas comenzaron a recrudecerse, se producían más asesinatos e intentos de asesinato que en los cinco años anteriores. Incluso empezaron a tener lugar tiroteos (nunca antes vistos en el país), relacionados con el mercado ilegal de cannabis.
Por estos sucesos, el ayuntamiento de Copenhague decidió aprobar en 2009 ciertas medidas que permitían la venta de cannabis terapéutico en dispensarios (solo para residentes). A pesar de ello, actualmente casi todo el mercado de cannabis en Copenhague, cuyo volumen se estimas en unos 200 millones de euros, está en manos de las mafias.
Alemania
Después de años de silencio, el debate sobre la regulación del cannabis volvió a la mesa en 2013 cuando Monika Herrmann, alcaldesa del distrito de Kreuzberg (Berlín) por el Partido Verde, anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto para crear tiendas que vendieran marihuana (con guardias de seguridad y dependientes con formación médica) como una forma de hacer frente al creciente tráfico de drogas en el país.
Algunos políticos del partido han insistido en llamar a estas tiendas “puntos de venta”, para diferenciarlas de los ‘coffee shops’, y la idea es que puedan vender entre tres y cinco gramos de marihuana por cliente. Distritos de Colonia, Hamburgo y Frankfurt también han querido sumarse a la iniciativa y han comenzado a debatir, aunque todos, como marca la ley, deberán demostrar los fines científicos de su propuesta.
Por otro lado, desde hace algunos años, iniciativas parlamentarias de los verdes y de partidos de izquierda se centran en la cuestión de los clubes sociales, que desgraciadamente no sale adelante porque los principales partidos bloquean cualquier intento de reforma. Esta situación ha llevado a grupos de profesores alemanes de derecho penal a unirse para exigir la despenalización de la venta y posesión de cannabis, argumentando que la persecución penal de los consumidores es ineficaz.
España
En España, el ámbito cannábico destaca por el impulso de los clubes sociales de cannabis basados en la despenalización del cultivo para uso personal (aunque existen sanciones administrativas si el consumo se realiza en lugares públicos). Sin embargo, el vacío legal existente no especifica de forma clara cómo deben ser regulados, lo que hace que sus miembros se encuentren en una constante situación de inquietud e indefensión y que las redadas contra ellos y sus plantaciones sean relativamente habituales. Por eso sus representantes han pedido en reiteradas ocasiones una regulación que acabe con la incertidumbre y les permita funcionar sin miedo.
En País Vasco, Cataluña o Andalucía los gobiernos locales están tratando de regular estos clubes dentro de los límites de la ley nacional. Sin embargo, el gobierno central conservador ha impulsado acciones para poner límites al derecho de asociación, ya que considera que algunas organizaciones dedicadas a la distribución de drogas podrían esconderse detrás de la apariencia jurídica de uno de estos clubes cannábicos. Argumentos a los que los sectores mas progresistas siempre se han opuesto porque, precisamente, estos clubes tratan de huir de la ilegalidad y de las acciones ilegales.
Un estudio ha calculado que los españoles gastan en cannabis 1.163 millones de euros al año. Si todas las ventas estuvieran sujetas a IVA, generaría 200 millones de euros en ingresos fiscales y podrían crearse hasta 40.000 puestos de trabajo.
Bélgica
Entre 2003 y 2004, varias leyes redujeron las penas por posesión de cannabis en Bélgica. Un modelo bastante tolerante en el país que, sin embargo, está derivando en los últimos tiempos hacia uno mucho más represivo. En 2013, el partido nacionalista flamenco (Nueva Alianza Flamenca) de Amberes estableció sanciones administrativas y multas por posesión de marihuana, y en 2014 esta política se generalizó a escala nacional.
Como en Alemania, diversos académicos han unido sus voces para evaluar de forma crítica los riesgos y beneficios aportados por el cannabis, y han argumentado que la actual represión cuesta 400 millones de euros al año.
Suiza
En 2001, el gobierno suizo quiso permitir la posesión y uso de cannabis en un mercado regulado, pero la propuesta (procedente del Ministerio de Salud) se quedó atascada en el Parlamento. Aunque la cámara alta votó a favor de la despenalización del consumo personal (y lo había hecho ya en varias ocasiones), la cámara baja no estuvo de acuerdo. Eso llevó a agricultores y activistas a recoger firmas para un referéndum que se llevó a cabo en el año 2000 con escaso apoyo.
En octubre de 2013 se despenalizó el cannabis, permitiéndose la posesión de diez gramos, con el objetivo de reducir los casos (unos 30.000 anuales) que llegaban a los tribunales suizos. A pesar de ello, los grupos a favor de la legalización aún consideran que la ley es demasiado dura.
Francia
Francia tiene una de las leyes más severas de Europa respecto al cannabis, a pesar del elevado consumo en el país. De hecho, el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en el país galo: el 42% de la población confiesa haberlo probado alguna vez en su vida. Pero el uso y posesión de “drogas ilícitas” es un delito penal, y la ley no distingue entre posesión para uso personal o tráfico.
En 2010 se registraron 157.341 infracciones relacionadas con drogas y un 87,5% estaban relacionadas con la marihuana, por lo que se han impulsado varias iniciativas para regular el mercado de cannabis y entre 2011 y 2014 algunos grupos pidieron la legalización controlada del consumo y cultivo de la planta. Sus propuestas, sin embargo, no han tenido un apoyo significativo.
Sin embargo, es ahora cuando la ciudadanía empieza a movilizarse por las implicaciones sociales de la prohibición. Unas de las primeras que han salido a la calle son las asociaciones de inmigrantes, que denuncian que la represión contra las drogas afecta de manera desproporcionada a las minorías étnicas en Francia. Y lo ha hecho con la colaboración del consejo representante de las Asociaciones Negras y del grupo República y Diversidad, bajo el eslogan “Guerra contra las drogas, guerra racial”, donde apuesta por “salir del callejón sin salida de la prohibición, pero también por la despenalización del uso de las drogas y por la puesta en marcha de un acceso legalizado y controlado, con reglamentos adaptados producto por producto”.