Durante los próximos diez días, los gobiernos del mundo se reunirán en la 57 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) y el Panel de Alto Nivel. Una vez más, se reunirán para discutir el estado del sistema de fiscalización internacional de drogas y muchos países intentarán reafirmar el status-quo y su compromiso con un mundo “libre de drogas”. Pero, por primera vez, se espera que algunos otros gobiernos valientes no soporten más esta farsa y abiertamente cuestionen el enfoque de “una talla única para todos”, el cual ha estado principalmente basado en la aplicación de la ley penal y la reducción de la oferta, a expensas de los derechos humanos, la salud pública y las políticas públicas basadas en evidencia científica.
Hoy en día, finalmente, podemos hablar de reformas reales sobre la política de drogas que se encuentran fuera del paradigma prohibicionista que ha dominado por tantos años ya.
En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en hacer disponible la marihuana con fines recreativos para adultos, en Estados Unidos, Washington y Colorado, han votado para crear mercados legalmente regulados de marihuana, Nueva Zelanda, aprobó la Ley de Substancias Psicoactivas en 2013, la cual pasa a regular y controlar las sustancias psicoactivas de menor impacto.
Estos desarrollos no tienen precedentes en términos de cómo políticos progresistas y audaces han podido romper con el consenso mundial sobre el prohibicionismo punitivo, y ahora parece que la tendencia es ya irreversible – en particular frente a la marihuana.
Los recientes cambios en el terreno plantean un nuevo escenario más dinámico para el debate global sobre política de drogas que está dándose en las Naciones Unidas. Si bien es claro que el consenso que prevalece actualmente se está rompiendo, y que existe un creciente deseo para encontrar alternativas viables a la guerra contra las drogas, aún subsisten países poderosos que se oponen férreamente a cualquier tipo de reforma.
Mientras que las posturas tan arraigadas en Viena generan amplia frustración, existe una importante y definitiva diferencia entre las negociaciones de este año y las precedentes, la posición de los Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Alejándose del grupo de línea dura, Estados Unidos ha reconocido tanto en las Naciones Unidas como a nivel doméstico, que la criminalización ha fracasado. Recientemente, el Fiscal General de Estados Unidos admitió que las sentencias mínimas obligatorias para delitos relacionados con drogas eran ‘draconianas’ y dejó en claro que el status-quo es insostenible y perjudicial.
La regulación de la marihuana para uso recreativo se encuentra fuera del marco actual de las convenciones de las Naciones Unidas sobre fiscalización, lo que genera un problema técnico para los Estados Unidos (aunque hasta ahora han logrado esquivar cualquier condena por parte de otros gobiernos) y también para Uruguay. Sin embargo, la JIFE ha intervenido en ambos acontecimientos y reprendió públicamente a los Estados Unidos y a Uruguay por contravenir la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que incluye a la marihuana en la misma categoría que la heroína y la cocaína.
El estado de la marihuana dentro del sistema de tratados de la ONU estará en la agenda de la próxima reunión del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud hacia finales de este año, tras la cual pudiera haber una recomendación para cambiar su lugar dentro de las listas actuales. Si bien una revisión mayor de las convenciones de la ONU no parece una posibilidad inminente, es un tema que día a día se vuelve más incómodo.
De hecho, existen muchos temas incómodos que cada vez se vuelven más difíciles de esconder bajo la alfombra. Estaremos siguiendo de cerca las negociaciones finales y alentando a los gobiernos a que tengan el valor de expresar lo que ya es demasiado claro, es tiempo de invertir tiempo en la revisión cuidadosa de las alternativas a esta guerra fallida, costosa y perjudicial