El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por cuatro miembros de la Asociación de Usuarios de Cannabis Pannagh, de Bilbao, contra una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les condena a prisión por un delito contra la salud pública.

Un abogado del bufete alicantino Brotsanbert, Héctor Brotons, ha coordinado la presentación del recurso ante el alto tribunal.

El auto del TC, fechado el pasado 19 de diciembre y al que ha tenido acceso Efe, recoge que el recurso ofrece a este órgano judicial la posibilidad de “aclarar o cambiar su doctrina” tras un “proceso de reflexión interna”, así como que plantea “una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica”.

El Supremo condenó en diciembre de 2015 al presidente de Pannagh, Martín Barriuso, y otros tres miembros de la asociación a penas de entre seis meses y un año y ocho meses de cárcel y al pago de multas de hasta 250.000 euros tras revocar una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Bizkaia que les absolvía de un delito de tráfico de drogas.

El TS dictaminó entonces que el cultivo y la distribución “organizada y con vocación de persistencia en el tiempo” de cannabis era punible porque “colma las previsiones del delito contra la salud pública previsto en el artículo 368 del Código Penal y no encaja en un supuesto de cultivo compartido no punible”.

El pronunciamiento del alto tribunal contradijo el de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que había absuelto a los cuatro acusados al entender que cultivaban y consumían la droga a través de una asociación legalmente constituida sin obtener de ello un beneficio económico.

Tras resultar condenados, los responsables de Pannagh presentaron el pasado abril un recurso de amparo ante el TC al considerar que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados en este proceso.

El coordinador del equipo jurídico que ha planteado este recurso, Héctor Brotons, del bufete alicantino Brotsanbert, ha destacado en una nota informativa que el TC haya aducido la trascendencia social y económica de este asunto para examinar el caso de Pannagh.

Según la última memoria anual del TC correspondiente a 2015, esta institución judicial solo admitió a trámite un 1 por ciento de las peticiones de amparo presentadas y en un solo caso, de entre 7.000, lo hizo tras aducir el mencionado supuesto, según el letrado.

Los miembros de Pannagh, en la que hay socios que hacen un uso terapéutico del cannabis, entienden que el Supremo ha vulnerado sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad ante la ley, a las garantías procesales y al de la libre asociación, entre otros.

Los recurrentes critican también que no se celebrara una vista para examinar la sentencia absolutoria del tribunal vizcaíno y lamentan que el Supremo haya criminalizado una actividad que “la inmensa mayoría de las audiencias provinciales y juzgados de lo penal habían considerado impunes”.

El estudio jurídico Brotsanbert cree que el alto tribunal realizó una “interpretación estereotipada” que no se ajustaba al caso concreto de la asociación bilbaína.

Según se recoge en la nota, esta entidad no realiza “una difusión de la sustancia que lesiona la salud” sino que contribuye a reducir los daños asociados al consumo de cannabis e informa y asesora “a través de médicos a los usuarios terapéuticos”.

“Lo que buscan los miembros de estas entidades es evitar los daños del mercado negro, la falta de salubridad del cannabis y de información y asesoramiento para reducir los riesgos”, añade el escrito, junto a otros objetivos como la lucha contra la “corrupción y la masificación de las prisiones”.

Los abogados de Pannagh recuerdan también que dos juzgados archivaron en su día sendas causas contra la entidad en las que, incluso, se le devolvió el cannabis que se le había incautado.
Por otro lado, la asociación mantiene relaciones con las instituciones y de hecho su presidente, Martín Barriuso, es miembro del consejo asesor de la Dirección de Drogodependencias del Gobierno vasco, y ha participado en varias ponencias tanto en el parlamento de esa región como en las Cortes y el Parlamento Europeo.

El bufete Brotsanbert espera que el TC dicte una sentencia que “excluya la persecución penal de una asociación” como Pannagh, que tiene “un control estricto de toda la trayectoria del cannabis”, informa a sus socios y fomenta la relación con organizaciones e instituciones para el desarrollo de políticas de uso responsable y prevención”.

Info: Deia.