La Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi (Eusfac) ha considerado hoy que la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con competencias suficientes para regular los clubes de cannabis y poner fin así a su «inseguridad jurídica».

Hoy han comparecido en la comisión de Salud del Parlamento Vasco el miembro del gabinete jurídico de Eusfac Iker Val y representante del Instituto Vasco de Criminología Xabier Arana para presentar un estudio sobre la «Viabilidad legal de los Clubes de Cannabis (CSC) en la Comunidad Autónoma del País Vasco y propuesta de Hoja de Ruta«.

Este informe pretende dar continuidad a la ponencia de la Cámara que durante dos años estudió una solución regulada a estos clubes y que, en sus conclusiones instaba al Gobierno autonómico a regularizar su actividad a través de Ley vasca de Adicciones (actualmente en tramitación) y a dar soporte legal al cultivo para el consumo colectivo de las personas asociadas.

La ponencia, que terminó el pasado octubre, también concluyó que mientras no exista dicha regulación, las asociaciones de cannabis de Euskadi deberían establecer sus propios mecanismos de autorregulación y buenas prácticas.

Hoy Xabier Arana ha constatado que Euskadi no tiene competencias para cambiar el Código Penal ni las leyes de Seguridad Ciudadana o sobre Estupefacientes, pero ha defendido que es posible «actuar según el principio de oportunidad» y «valorar distintas cuestiones» cuando se trate de los CSC, como la colaboración con la Administración para prevenir y reducir daños, el no acudir al mercado negro y que el consumo sea racional y responsable.

La Comunidad Autónoma sí tiene competencia en materia de salud y eso le permite desarrollar programas de reducción de daños, lo que da margen, según ha explicado Arana, a regular los clubes de cannabis «pero no como un café para todos, sino dentro de las políticas de salud pública y de reducción de años».

Ha recordado que el consumo de cannabis hoy en día es «aceptado por gran parte de la población», pero ha contrapuesto la «normalización de hecho» de su consumo con la «no normalización jurídica», lo que da pie a una «inseguridad jurídica» que requiere de «fórmulas imaginativas» para sortearla.

Arana ha recordado además que en los procesos judiciales contra integrantes de CSC no se ha llegado a juicio o bien las sentencias han sido absolutorias. En este sentido ha asegurado que hay una «sólida y certera argumentación jurídica en las audiencias provinciales» que se «ratifica» en cada nuevo proceso.

Por su parte, Iker Val se ha referido a la hoja de ruta recogida en el informe, que contempla de la creación de una comisión formada por distintos departamentos del Gobierno vasco para desarrollar el reglamento de la Ley de Adicciones y por tanto la regulación de los CSC; así como otra comisión se seguimiento para comprobar su aplicación.

Info. Deia

Leave a Comment