El limbo legal en el que se mueven los clubes de consumidores de cannabis provoca todo tipo de situaciones. Por ejemplo, la Audiencia de Bizkaia ha absuelto recientemente a cinco miembros de la asociación de personas usuarias de cannabis Pannagh, para los que la Fiscalía había solicitado penas de prisión que sumaban 22 años de cárcel y multas por valor de casi dos millones y medio de euros. El tribunal no ha apreciado “vocación de tráfico ni una intención en los acusados de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas”. Y, por lo tanto, ha estimado que los representantes de esta asociación no han cometido ningún delito. Los criterios que siguen los jueces y la Fiscalía a la hora de entender la actividad de los clubes de cannabis son, a la vista de esta sentencia, diametralmente opuestos. El Ararteko se ha posicionado claramente a favor de la jurisprudencia ya sentada favorable a los clubes en detrimento de la interpretación que hace la Fiscalía de la ley, “más dura y restrictiva”.
Por eso, el ‘ararteko’ en funciones, Íñigo Lamarca, ha solicitado en una resolución dirigida a la Ertzaintza que revise sus criterios a la hora de actuar contra estos clubes. Para Lamarca, la Policía vasca se rige por unos criterios que “no son adecuados ni progresistas”. “La ley dice que el consumo privado de hachís o cannabis no es ilegal siempre y cuando se haga de forma individual y no pase de unos límites. Pero sí es ilegal el cultivo de la planta y la comercialización”, explica el Ararteko. El caso es que desde la aprobación de la ley, en 1962, hasta la actualidad ha surgido una realidad nueva: los clubes de cannabis. “Lo que hacen es compartir el consumo. Cada miembro tiene la cuota correspondiente de consumo y en conjunto no se rebasan los límites establecidos. Es una realidad nueva que no contempla la ley”.
“Gran desbarajuste”
Quienes sí han hecho sus deberes son los jueces. Existe una jurisprudencia en los tribunales que ha interpretado esa ley y tiene muy claro por dónde se pueden mover los clubes de cannabis. Pero la Fiscalía, “hace una interpretación de la ley mucho más rígida y dura”, apostilla Lamarca. Con este panorama, la Policía se enfrenta “a un gran desbarajuste. Por una parte, tiene lo que dice la Ley; por otro lado lo que marca la jurisprudencia y, además, está lo que indica la Fiscalía. El Ararteko cree que los criterios internos por los que se rige la Ertzaintza a la hora de intervenir no resultan los más adecuados ni progresistas. Coinciden con lo que marca la Fiscalía y pedimos que siga lo que dice la jurisprudencia, que es más flexible”.
Esa jurisprudencia considera que la actividad de los clubes de cannabis resulta atípica desde un punto de vista penal porque respeta los parámetros establecidos en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consumo compartido. Entiende que el consumo realizado con arreglo a los estatutos de la asociación no constituye un delito y tampoco lo es el cultivo si se situa en los parámetros de esa doctrina. Además, apunta que la actividad de la asociación no constituye tampoco una infracción administrativa si la entrega del cannabis a los socios y su inmediato consumo se hace en el domicilio de la propia asociación, y si el cultivo se realiza “en lugares apartados de la vista de terceras personas”.
La Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis en Euskadi (EUSFAC) se ha guiado por esta jurisprudencia, pero pidió ayuda al Ararteko cuando la Ertzaintza se ha guiado por otros criterios de actuación, como considerar que en ningún caso es lícito el cultivo de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado. Otra de las pautas seguidas por la Ertzaintza es que aun siendo autorizadas, las actividades de cultivo de cannabis pueden llegar a tener relevancia penal cuando estén “preordenadas a su distribución entre terceras personas, incluyendo en este concepto la difusión entre los integrantes de la asociación promotora del consumo”.
Info: Diario.es