Un año después de que Uruguay se convirtiera en el primer país del mundo en aprobar la legalización de la marihuana, mediante lo cual el gobierno producirá y venderá esta droga, hay crecientes dudas sobre si el presidente electo Tabaré Vázquez hará cumplir esta ley en su totalidad.
Vázquez, quien asumirá la presidencia en marzo, ha expresado públicamente su escepticismo sobre algunas partes del marco legal, como el plan para permitir que las farmacias uruguayas vendan la marihuana distribuida por el gobierno.
Vázquez, que pertenece a la misma coalición centro-izquierdista del presidente saliente José Mujica, es un médico que durante su mandato anterior entre el 2005 y el 2010 condujo una cruzada contra el consumo del tabaco.
¿Podrá un presidente con una larga historia de lucha contra el tabaquismo convertirse en un promotor del consumo de marihuana?, se preguntan muchos uruguayos. ¿Aplicará la ley en contra de sus propios principios?
“No hay duda de que a Vázquez no le gusta la ley de la marihuana”, me dijo el ex presidente Julio María Sanguinetti. “No va a acabar con ella, porque no puede ir en contra del bloque mayoritario de su partido en el Congreso, pero lo más probable es que trate de diluirla en el proceso de implementación”.
Aunque la ley ya ha sido aprobada por el Congreso y firmada por Mujica, todavía no se puede comprar la marihuana producida por el gobierno en las calles. El proceso de registro para acreditar a proveedores y vendedores todavía está en marcha, y según funcionarios oficiales concluirá en los próximos meses.
Según la ley, los uruguayos podrán cultivar marihuana en sus casas si se registran como productores individuales. También la podrán obtener de “clubes de marihuana”, de una capacidad máxima de 45 miembros cada uno, y – por último – podrán adquirir la droga en las farmacias. Hasta el momento, más de 1,200 personas y 500 clubes de marihuana han solicitado licencias de cultivo, informan funcionarios uruguayos.
Pero la mayoría de los farmacéuticos se oponen a la ley. Algunos temen ser blanco de ataques, robos o extorsiones por parte de narcotraficantes, mientras que a otros simplemente no les gusta la idea de vender una droga que puede ser dañina para la salud.
“Una farmacia es un centro de salud, no un lugar que vende cosas que son malas para la salud”, dice Virginia Olmos, presidenta de la Asociación de Químicos y Farmacéuticos del Uruguay.
El presidente electo Vázquez ha dicho que “si es necesario” presentará un proyecto para modificar la legislación y excluir a las farmacias de la lista de lugares autorizados para vender marihuana.
Pero quizás la mayor crítica contra la nueva ley — incluso antes de que el primer cigarrillo de cannabis producido por el gobierno haya sido vendido — es que hay señales de un gran aumento en el consumo de marihuana entre los jóvenes. La publicidad oficial en torno a la ley, que los críticos como Sanguinetti han calificado como un “clima de jolgorio”, ha llevado a un número creciente de jóvenes uruguayos a comprar la droga en el mercado negro.
Según una nueva encuesta realizada por la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas, por primera vez en la historia de Uruguay, el consumo de marihuana entre los estudiantes adolescentes ha superado al consumo de tabaco.
La encuesta realizada entre 11,000 estudiantes adolescentes mostró que el 17 por ciento consumió marihuana durante los 12 meses previos, mientras que solo el 15.5 por ciento consumió tabaco durante ese período. El uso de marihuana entre los adolescentes se ha duplicado desde el 2003, concluye la encuesta.
Uruguay ha cometido varios errores, empezando por los descuidados comentarios de Mujica en apoyo a la campaña de la legalización, que pueden haber sido percibidos por muchos jóvenes como una luz verde presidencial para el consumo de marihuana.
Además, cabe preguntarse si es una buena idea que el gobierno — y no empresas privadas, como ocurre con el alcohol — asuma la producción, venta y distribución de la marihuana. Esto no solo creará una enorme burocracia, pero puede generar corrupción gubernamental en uno de los países menos corruptos de América Latina.
Todo indica que el presidente electo Vázquez – aunque respetará la ley en general – le pondrá límites más severos, y adoptará un discurso menos frívolo sobre el tema que el presidente saliente. Eso sería bueno para Uruguay, y para otros países que están observando muy de cerca este audaz experimento uruguayo.
Andrés Oppenheimer